Y es que la “gratuidad” propuesta por el gobierno ya es cualquier cosa menos un avance hacia comprender la educación como un derecho social y no como una mercancía. De lo contrario, ¿cómo se explica que la propuesta del gobierno para sortear el revés sufrido ante el Tribunal Constitucional en materia de gratuidad en educación superior deje fuera a tres universidades públicas? Claro, surgen inmediatamente las voces de quienes se llenan la boca con la “calidad”, aplaudiendo que se privilegie a instituciones que entregan un buen servicio (de “calidad”), con independencia de si su dueño es el Estado o un privado.
Pero para ver lo falaz del argumento basta con aplicar la misma lógica con otro servicio prestado por el Estado. Imaginemos que el Estado dijera que ya no va a financiar a los hospitales porque prestan un servicio deficiente, y en cambio va a entregarle un voucher al 50% de la población más pobre para que se atienda en la clínica u hospital que quiera, pero de cierta “calidad” para arriba. El anuncio del gobierno sería algo así: “Estimada población de Valdivia, dado que el hospital público de su ciudad funciona deficientemente, vamos a castigarlo quitándole financiamiento…”
Suena raro porque la tarea del Estado es justamente la contraria: si un hospital no está funcionando bien su obligación es hacer que esto cambie, inyectándole más recursos (entre otras cosas), pues no es posible que el Estado diga: ¡Aun cuando es mi obligación, dejaré de financiarlo por criterios de mercado! Eso es, precisamente, lo que diferencia un derecho social de un bien de consumo.
Lo que se pretende hacer con la “gratuidad” en educación superior es lo mismo: dejar afuera a tres universidades del Estado porque no cuentan con 4 años de acreditación es el triunfo de la lógica individual de mercado y centralista por sobre la de derecho social y de responsabilidad del Estado con la educación. En el caso de dos de ellas (Universidad de Los Lagos y Universidad Arturo Prat), estamos hablando de universidades regionales que cumplen un rol fundamental en sus territorios como agentes de desarrollo social, económico y cultural. Ambas sostienen, entre otras, carreras de pedagogía que forman a la mayor parte de los profesores de sus regiones. No hay duda de que la formación pedagógica requiere mejorías profundas. ¡Pero por lo mismo la respuesta del Estado no puede ser quitarles el financiamiento! Debería ser lo contrario: las universidades que cumplen un rol público y regional tan relevante y que presentan problemas importantes, debiesen ser materia preferente para el Estado (y eso que ni siquiera hemos dicho que los problemas que estas tres universidades arrastran provienen, precisamente, de que el Estado las olvidó y las empujó a competir en un mercado altamente desregulado, obligándolas a sobrevivir abriendo carreras y sedes sin destino ni justificación).
Pero la responsabilidad la tiene el gobierno de la Nueva Mayoría. Para nadie era un misterio la posibilidad cierta de que el Tribunal Constitucional rechazara esta glosa. Es más, para nadie es un misterio que tratar de implementar la gratuidad vía glosa presupuestaria es la mejor carta que encontró el gobierno para evitar una discusión de fondo sobre el Sistema de Educación Superior. Si a eso le sumamos que el Proyecto de Ley sobre Educación Superior va a ser enviado por el gobierno en diciembre o enero (la mejor fecha para evitar reacciones colectivas) y que, al igual que todas las reformas en materia de educación propuestas por el gobierno, ésta no ha sido discutida con nadie, ni con los actores educativos principales ni con la ciudadanía (haciendo gala de un hermetismo iluminista propio de la época del despotismo ilustrado), ya no quedan dudas: esto no se explica ni por torpeza ni porque la derecha hace uso de estos resquicios constitucionales dictatoriales. No. La responsabilidad es del gobierno y de la Nueva Mayoría, quienes pese a las gárgaras de estos años, nunca han tenido la intención de considerar la educación como un derecho social, sencillamente porque su imaginario de país es otro; uno donde el Estado cumple el rol de evitar los excesos de los privados y entrega mínimos básicos a la población más pobre, pero no cumple un rol activo en el desarrollo social, económico ni político de los territorios y su población.
Por eso, la única alternativa es que el CRUCH se salga de este tongo. Pero que se salga ahora. Sin conversaciones previas ni negociaciones por debajo. Ya no basta con que el gobierno incluya o no a estas tres universidades estatales, sino de trata de que el debate deje de bailarse al ritmo del gobierno (si quieren gratuidad están conmigo y mis aberraciones, si no están con la derecha).
Y es que con sus bemoles y desaciertos, el CRUCH sigue siendo de las pocas instituciones que pueden cambiar el rumbo de estas discusiones reduccionistas sobre porcentajes más o menos, y pensar un Sistema de Educación Superior verdaderamente al servicio de los intereses de todos.
El gobierno puede hacer caso omiso a manifestaciones masivas en las calles, a las federaciones estudiantiles, e incluso a los parlamentarios de sus filas que se opongan a esta iniciativa. Pero no puede continuar con este “realismo mágico” (como lo calificó el rector Vivaldi) si las universidades del CRUCH dejan de apoyarlo.
Es la única manera de que el gobierno eche pie atrás a una política de gratuidad que nació con olor a podrido, y que con este cambio de última hora (¡ya van más de 10!) profundiza la privatización y favorece la centralización, toda vez que mete en un mismo saco a instituciones públicas, estatales y privadas; regionales y metropolitanas; con y sin un mínimo de democracia interna; instituciones cuya finalidad es aumentar su matrícula y otras que buscan el desarrollo de sus territorios; con y sin procesos judiciales en curso, etc.
¡Universidades del CRUCH uníos!
