La Educación Superior chilena se remonta al siglo XVI con la llegada de los conquistadores, claro que de la mano de las órdenes religiosas que se asentaron en el continente y en nuestro país. “Si bien es en el ámbito eclesiástico, podemos advertir precisamente en los Convictorios como una suerte de primer antecedente en nuestro país de Educación Superior al orientar sus esfuerzos en la formación de clérigos”, señaló el docente.
Durante el siglo XVII se crea la Universidad de Santo Tomás de la Orden de los Domínicos y al año siguiente el Seminario Jesuita de San Francisco Javier. Más Tarde en el siglo XVIII, época de la Ilustración, se crea en 1738 la Real Universidad de San Felipe (bajo el reinado de Felipe V de Borbón), la que posteriormente fue fundada en Santiago en el año 1747 iniciando sus clases once años después impartiendo las cátedras de derecho primero, luego filosofía, teología, matemáticas y, finalmente, medicina.
En el marco de los primeros intentos de independencia nacional luego de la Primera Junta de Gobierno, en 1813 durante el breve gobierno de José Miguel Carrera se logra fundar el Instituto Nacional, al que podemos considerar el Primer Liceo estatal del país en miras a la enseñanza secundaria.
Durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes se funda la Universidad de Chile, cuyo primer rector organizador fue el destacado intelectual venezolano, don Andrés Bello (1842). Junto con la creación de la U. de Chile, que no fue un hecho aislado, las autoridades de la época impulsaron simultáneamente la fundación de la Escuela Normal de Preceptores y más tarde, en 1849, la de Preceptoras, con lo que se daba un paso fundamental: la formación de profesores y profesoras que el país necesitaba. Este estratégico impulso culmina con la fundación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849.
Más allá del sentido de disciplinamiento social que se le otorgaba a la educación por quienes disponían del control del poder, por primera vez en la historia republicana del país se instalaban las bases de la Educación Superior en Chile. Se garantizaba con esto la formación académica profesional y técnica, además de la formación de profesores para un sistema escolar estatal que ya se establecía, al mismo tiempo, con la fundación en las principales ciudades de Chile de Liceos y escuelas públicas. Por ejemplo, en Valdivia se crea, en 1845, el Liceo de Valdivia (hoy Rector Armando Robles).
Casi medio siglo después, se producía la fundación de la Universidad Católica de Chile en 1888, la que surgía por iniciativa de la Iglesia Católica Nacional como alternativa a la clara tendencia laica del Estado bajo control de la elite liberal (conflicto Iglesia –Estado: leyes laicas aprobadas entre 1883 a 1885).
Ya en los inicios del siglo XX, un interesante y temprano esfuerzo descentralizador se traduciría en el surgimiento de universidades regionales constituidas a partir de la voluntad de sus ciudadanos, siendo la primera en gestarse en esta línea en 1919 la Universidad de Concepción, con un marcado carácter laico y público. Luego, en el principal puerto del país se fundaban las universidades Católica de Valparaíso (1928) y Técnica Federico Santa María (1931) respectivamente. Fruto del giro del escenario económico post crisis de la década de los años 30, surge en 1947 la Universidad Técnica del Estado (heredera de la Escuela de Artes y Oficios) con el fin de formar a los profesionales necesarios para asumir el desafío industrializador del país. Pocos años después se replican nuevos esfuerzos regionales, creándose la Universidad Austral de Chile (1954) y la Universidad Católica del Norte (1956) respectivamente.
Desde mediados del siglo XX y años inmediatamente siguientes, no se fundaron nuevas universidades. Hacia fines de los 60, se produjeron sendas reformas universitarias a partir de movimientos estudiantiles y gremiales que exigían cambios en materia de curriculum, financiamiento y en los gobiernos de las 8 universidades públicas existentes en Chile.
A partir del golpe de Estado de 1973, asume de facto el control del país un régimen militar de gobierno que en poco tiempo inicia una serie de reformas en todo orden, entre ellas al sistema de educación superior que sería directamente intervenido. En el marco de esta circunstancia de excepción y sin resistencia posible, en 1981 se impone un profundo cambio estructural que llevará a modificar sustantivamente el sistema. Desde ese momento, se establecerá la existencia de tres tipos de instituciones de educación superior: Las Universidades, los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica.
A comienzos de los 90, no obstante la recuperación del sistema democrático, el sistema de educación superior nacional instalado tuvo un crecimiento exponencial con numerosos y nuevos establecimientos en todo el país, llegando a configurarse hacia el año 1998 un complejo panorama compuesto en ese entonces por 66 universidades (25 del Consejo de Rectores con aporte estatal y 41 privadas sin ningún subsidio del Estado), mas 66 Institutos Profesionales y 120 Centros de Formación Técnica.
Tras la creación del Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y de los procesos de certificación institucional en procura de una regulación del sistema, la situación cambió a: 58 universidades, 47 Institutos Profesionales y 63 CFT.
La realidad hoy es que mientras el sistema de educación superior ha venido creciendo y diversificándose de la manera indicada, el país ha experimentado una fuerte baja en la Tasa de Natalidad, fenómeno que puede advertirse marcadamente. Los nacimientos han bajado en los últimos 40 años en un 54%, por lo que cabe preguntarse: ¿Cuál es la lógica a seguir frente a este panorama?¿Que correcciones deben introducirse?
En los últimos años, efectivamente el sistema se ha ido optimizando, transparentando y depurando. Grandes y serios esfuerzos se han venido haciendo al respecto. Sin embargo, nadie puede negar que se encuentra en una crisis que obliga a buscar salidas racionales y acordes a la realidad nacional, siempre mirando el bien común y las expectativas de desarrollo que tenemos como sociedad.
Hoy, las autoridades intentan recoger el clamor de la sociedad que exige una reforma educacional inclusiva, profunda e integral, que garantice calidad vía excelencia académica y otorgue gratuidad universal. Claramente será un esfuerzo enorme con mirada estratégica cuyos resultados no se advertirán en lo inmediato, pero requerirá el compromiso y la decisión no solo de las autoridades e institucionalidad correspondientes, sino que de todos los actores de la sociedad nacional.
