El Informe “Los Estados Latinoamericanos frente a la Protesta Social” fue presentado por José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano y María José Castillo, de la Corporación Humanas Chile. Comentaron sus resultados la Prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Dra. Karen Alfaro; y, Ángel Delgado, egresado de la carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y ex Presidente de la FEUACh del año 2014. Moderó la actividad el periodista de la Radio UACh, Víctor Godoi.
El Dr. Mauricio Mancilla afirmó la importancia para la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero también para la UACh, de abrir espacios para debatir y dialogar sobre las legislaciones que los Estados han ido promoviendo con el paso del tiempo para evitar la protesta y las movilizaciones sociales.
El director del Observatorio Ciudadano y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Corporación, Dr. José Aylwin, señaló que el informe demostró la tendencia común en América Latina del uso represivo de la fuerza pública para evitar protestas y movilizaciones, además de detenciones masivas y maltratos físicos. Al respecto, María José Castillo, de la Corporación Humanas, se refirió al caso chileno y a las sanciones que dicta cuando existen desórdenes públicos.
La Dra. Karen Alfaro afirmó, a su vez, que este tipo de informes deben ser socializados en el mundo académico, pues sus resultados dan cuenta del retorno del Estado al ejercicio de la violencia alineada con el capital contra la población civil.
El ex Presidente de la FEUACh, Ángel Delgado, por su parte, recordó episodios violentos y represivos que sufrieron como estudiantes en las movilizaciones sociales iniciadas en el 2011.
CELS define la protesta social como un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado. Sin embargo, los Estados latinoamericanos reproducen prácticas para restringirla, impedirla o criminalizarla. El informe presentado documenta y analiza respuestas estatales en ocho países de la región, a partir del trabajo colaborativo de diez organizaciones de derechos humanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, son características comunes a todos los países analizados. El relevamiento regional muestra patrones históricos que persisten –como el uso abusivo de la fuerza y la criminalización– y nuevas tendencias –entre ellas, las regulaciones para limitar las protestas. En el mismo período, algunas experiencias muestran la voluntad de desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos; sin embargo, en muchos casos tuvieron dificultades para transformarse en políticas públicas con continuidad.