La académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Dra. Chiara Sáez, presentó en Valdivia el informe sobre “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile durante el estallido social, ocurrido entre el 18 de octubre al 22 de noviembre de 2019”. La presentación fue comentada por los académico Dr. Juan Domingo Ramírez de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Dr. Cristóbal Balbontin, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile.
La actividad se desarrolló el viernes 6 de diciembre, en la Casa Central de la UACh y fue organizada por el Dr. Juan Domingo Ramírez, del Instituto de Comunicación Social y por el Dr. Cristóbal Balbontin, del Instituto de Derecho Público.
El documento, elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación de la Universidad de Chile y la Fundación Datos Protegidos, registra una serie de vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto del estallido social chileno y da cuenta de situaciones de obstrucción en el acceso a la información pública, bloqueo de cuentas en redes sociales, agresiones a comunicadores y casos de presión sobre medios de comunicación, persecución a la opinión de funcionarios púbicos, entre otras vulneraciones a la garantía del derecho a la libertad de expresión.
El Dr. Cristóbal Balbontin comentó que el informe deja constancia de carencias que son evidentes en materias de libertad de expresión las que hay que potenciar, “ya hay algunas diagnosticadas y otras pendientes, las que el informe evidenció. Sin duda, que estos hechos permiten desplazar la frontera de lo que se sabe con una prueba que proviene de una situación concreta, donde la contingencia deja en claro cierta insuficiencia en materia de libertad de expresión y cierta fragilidad en nuestro sistema jurídico. Este informe es muy potente y está muy bien construido. Sin duda, es un hito de extraordinaria pertinencia para la situación que vive el país”.
Por su parte, el Dr. Juan Domingo Ramírez valoró el trabajo del Observatorio y destacó la importancia de generar documentación cuantitativa sobre este tipo de fenómenos sociales.
“Es fundamental generar nexos entre diversas áreas del conocimiento respecto a la investigación y diálogo entorno al estallido social. La jornada de hoy nos demuestra que estamos trabajando en líneas no sólo en lo comunicacional como fenómeno periodístico sino también el derecho de todos los ciudadanos a comunicarse sin restricciones. Este derecho a comunicar es superior a la libertad de prensa y libertad de expresión, lo esencial es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a expresarse libremente, de crear sus propios medios y de crear contenidos para los medios ya existentes como las redes sociales”, puntualizó.
Asimismo, el académico agregó que, dentro de los planteamientos en debate sobre una nueva constitución, es necesario consagrar el derecho a la comunicación. “Me parece imprescindible mirar el ejemplo de países como Bolivia, Ecuador o Colombia, quienes ya han trabajado en su historia por consagrar el derecho a la comunicación y que, puede dar pie a la creación de una Ley de Medios”.
El informe
La Dra. Chiara Sáez explicó que, “la idea del informe es sistematizar situaciones que están pasando y que ningún organismo ha sistematizado. Si bien hay varias vulneraciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el contexto del estallido, no hay ninguna instancia que se esté ocupando de las vulneraciones a la libertad de expresión. Lo que circula es el relato que los medios tradicionales nos cuentan sobre lo que está ocurriendo versus todo lo que estamos viendo y que es vulneración a la liberta de expresión”.
Sáez agrega, “este informe busca resaltar que el derecho a la libertad de expresión no está asegurado en Chile y el estallido social lo puso en evidencia. Los investigadores que trabajamos en materia de comunicación deberíamos ir velando hacia una reflexión colectiva sobre la libertad de expresión, en el contexto de la nueva Constitución. Si vamos a pensar en cambiar la Constitución, entonces debemos plantearnos cómo va a quedar resguardado este derecho en relación con otros derechos como: la creación de los medios, la libertad de información, la libertad de reunión, el acceso a la información pública, el acceso a la privacidad; en consecuencia, cómo logramos asegurar, constitucionalmente, que el derecho a la libertad de expresión sea más robusto”.
Respecto a las situaciones más preocupantes arrojadas por la investigación del Observatorio, la académica mencionó que “lo que me parece más grave son las agresiones a comunicadores ya que se trata de 90 casos de un total de 138 formas de agresión que hemos documentado y que, además son sólo agresiones que cuentan con denuncias formales. Nos parece sumamente alarmante que en estos casos exista una clara intención por parte de Carabineros de violentar con balines, perdigones o lacrimógenas a quienes están registrando situaciones en la calle. En el fondo, vemos la gran fragilidad del derecho a la libertad de comunicación”, expuso.